Abogados de herencias. Empezamos por aclarar tus dudas.

El certificado de defunción, el de últimas voluntades y, si existe, la copia autorizada del testamento ayudan a identificar el punto de partida. El certificado de últimas voluntades indica los testamentos y notarios, pero no contiene el reparto. Si procede una declaración de herederos, también habrá que acreditar parentesco y los demás requisitos del acta. Añade la información disponible sobre bienes, deudas y cualquier comunicación recibida.

No hay que confundir los plazos. Los seis meses son el plazo ordinario de presentación del Impuesto sobre Sucesiones en el régimen estatal, sujeto a comprobar la gestión aplicable. No constituyen un plazo civil general para decidir. El beneficio de inventario tiene requisitos y plazos propios y, en Derecho común, un requerimiento notarial del artículo 1005 concede treinta días naturales para decidir, con advertencia de que el silencio conduce a entender aceptada la herencia pura y simplemente. Conviene revisar lo recibido y lo que ya se ha hecho.

Si se aplica el Derecho común, la aceptación pura y simple puede hacerte responder también con tus bienes. Aceptar a beneficio de inventario permite limitar la responsabilidad hereditaria si se cumplen y mantienen sus formalidades; no basta con una lista privada ni con mencionar esa expresión. Además, una deuda que ya asumiste por tu propio contrato y tus obligaciones tributarias son cuestiones distintas. Antes de decidir, interesa conocer tanto el patrimonio como las obligaciones.

Es importante distinguir una renuncia pura de una cesión o de una renuncia a favor de una persona determinada. Según cómo se haga y las reglas aplicables, la operación puede implicar aceptación y transmisión de derechos, con efectos fiscales diferentes. En Derecho común, la repudiación se formaliza ante notario en instrumento público y hay que comprobar si ya se había aceptado, incluso por actos. La decisión debe revisarse antes de firmar, no solo por el nombre dado al documento.

Primero hay que identificar qué se discute: quién hereda, qué bienes o deudas existen, su valoración o cómo adjudicarlos. Puede estudiarse un acuerdo, la actuación del contador-partidor cuando corresponda o la división judicial si se cumplen sus requisitos. Para muchas demandas civiles debe intentarse y acreditarse una negociación previa, pero no todo trámite sucesorio la exige ni es obligatorio aceptar un acuerdo. Los plazos fiscales se revisan por separado.

Hay que comprobar quién le representa, si existen intereses contrapuestos y qué acto se pretende realizar. Aceptar, repudiar y repartir no tienen idénticos requisitos. En Derecho común, la renuncia de los progenitores por el menor necesita por regla general autorización judicial, con la excepción legal de consentimiento público del menor que ha cumplido dieciséis años. Tampoco toda partición con menores exige autorización previa: pueden existir otros controles o aprobaciones según la representación.

Cumplen funciones distintas. El notario autoriza documentos y tramita los expedientes atribuidos por la ley; el abogado puede estudiar tu posición, preparar propuestas y asumir la asistencia o defensa acordada. Un conflicto judicial tiene sus reglas de abogado y procurador. Pedir un certificado o realizar cualquier gestión notarial no exige siempre contratar a ambos. Antes del encargo conviene concretar qué actuación necesitas y qué corresponde a cada profesional.

Debe revisarse la dimensión internacional: fecha del fallecimiento, residencia habitual, nacionalidad, testamento y posible elección de ley. Cuando entra en juego el Reglamento europeo de sucesiones, la ley de la residencia habitual es la regla general, con excepciones y posibilidades de elección reguladas. Tener una vivienda en España no decide por sí solo toda la sucesión. Los impuestos, el régimen matrimonial y determinados requisitos documentales o registrales se analizan separadamente.

Depende de la ley civil, del título sucesorio, de los familiares que concurren y de la situación de la relación. En Derecho común, la legítima del cónyuge viudo es un usufructo en los términos legales; no es siempre la mitad de la propiedad. Sin descendientes ni ascendientes, el cónyuge no separado puede heredar todos los bienes por sucesión intestada. Si existían gananciales, su liquidación es distinta de lo que se recibe por herencia. La pareja de hecho no se equipara automáticamente al cónyuge.

Conviene estudiar su valor, cargas, titularidad y los derechos existentes antes de elegir una solución. En Derecho común, puede plantearse adjudicar el bien indivisible a uno de los interesados compensando económicamente a los demás; la ley también contempla subasta pública a petición de un heredero. Eso no permite imponer sin más una venta privada o su precio. El reparto no borra las deudas y sus efectos fiscales deben comprobarse.

La negociación previa exigible en muchas demandas civiles no es necesariamente mediación: puede hacerse por otras vías admitidas, también entre las partes o sus abogados, y debe acreditarse correctamente. Desde la reforma de 2025 hay que comprobar la acción concreta, la fecha de inicio y las excepciones. Los expedientes sucesorios de jurisdicción voluntaria están generalmente exentos; también las medidas cautelares previas y las diligencias preliminares. Los derechos indisponibles y las necesidades de protección requieren un análisis propio.

En el régimen estatal puede solicitarse una prórroga de otros seis meses dentro de los cinco primeros meses del plazo de presentación, con los motivos y documentos exigidos. El tiempo añadido genera intereses de demora. Hay que confirmar la Administración y las reglas de gestión aplicables: una prórroga de presentación no es lo mismo que aplazar o fraccionar el pago. Un desacuerdo familiar o una negociación tampoco amplían automáticamente el plazo fiscal.