Abogados civiles. Cuéntanos qué necesitas resolver.

Puede permitirlo, pero hay que distinguir validez y prueba. En Derecho común existe libertad general de forma y algunos negocios requieren formalidades específicas. Un intercambio de mensajes, una transferencia o una entrega pueden ayudar a acreditar lo pactado, sin demostrar necesariamente todos sus términos. Revisa la relación completa y las exigencias del negocio antes de concluir que la ausencia de firma impide reclamar o, en sentido contrario, que cualquier acuerdo oral basta.

Depende del contrato, de la obligación incumplida y de lo que tú hayas cumplido. En las obligaciones recíprocas del Derecho común puede valorarse exigir cumplimiento o resolución, con los daños e intereses que procedan. La indemnización necesita concretar y acreditar el perjuicio; no todos los defectos justifican resolver ni toda expectativa de ganancia es indemnizable. Antes de suspender pagos o deshacer una operación, conviene valorar también las obligaciones propias y las reglas especiales.

No antes de cualquiera, y el requisito no obliga a lograr un acuerdo. La LO 1/2025 exige con carácter general un intento negociador para determinados procesos civiles, con excepciones expresas por acción o procedimiento. Puede cumplirse mediante distintas modalidades legales, no solo mediación. El monitorio nacional no está exceptuado de forma general; el monitorio europeo sí. En acciones individuales de consumo, la reclamación previa a la empresa tiene un tratamiento específico que debe comprobarse antes de exigir un segundo trámite.

Debe conservarse documentación adecuada a la modalidad utilizada: identidad de las partes, objeto, fechas y resultado del intento, con las certificaciones o justificantes que correspondan. Cuando no hay tercero neutral ni documento firmado por ambas partes, la ley prevé acreditar recepción y posibilidad de acceso al contenido de la solicitud. Eso no equivale a aportar indiscriminadamente las ofertas o conversaciones protegidas. Tampoco hay una espera única: los supuestos legales de terminación y los efectos sobre los plazos deben examinarse por separado.

No. Los cinco años son la regla residual del artículo 1964.2 del Código Civil para acciones personales sin plazo especial; el año del artículo 1968.2 se refiere a la responsabilidad del artículo 1902 en Derecho común. Hay reglas especiales y derechos territoriales con otros plazos, además de fechas iniciales, interrupciones y normas transitorias que revisar. El año previsto para aprovechar un intento MASC a efectos de procedibilidad tampoco concede automáticamente un año adicional si la acción vence antes.

La materia tiene prioridad para elegir el procedimiento. Cuando la decisión depende de la cuantía, el verbal llega hasta 15.000 euros; por encima, o si el interés económico no puede calcularse ni de forma relativa, corresponde ordinario. La excepción de abogado y procurador es otra regla: alcanza al verbal determinado por cuantía de hasta 2.000 euros, no a cualquier verbal de valor bajo. La petición inicial del monitorio y otras actuaciones tienen sus propias excepciones; las fases posteriores deben revisarse.

Para deudas de dinero líquidas, determinadas, vencidas y exigibles de cualquier importe, apoyadas en los documentos admitidos por la LEC. No basta cualquier factura ni es la vía para toda obligación. El requerimiento permite pagar o formular oposición fundada en el plazo judicial; sin atención, el acreedor puede instar ejecución. La oposición lleva al cauce declarativo previsto legalmente y puede exigir abogado y procurador. El fuero del monitorio es especial y su inicio no está liberado globalmente del MASC.

Son actuaciones distintas. En la comunidad ordinaria de Derecho común puede pedirse división con los límites legales y pactos válidos, y un bien indivisible puede requerir adjudicación acordada o venta. En propiedad horizontal, la impugnación de acuerdos tiene motivos, legitimación, requisitos de pagos y plazos propios. Antes de actuar, identifica el tipo de comunidad y la ley aplicable. No deben trasladarse sin más estas soluciones a una comunidad hereditaria o a un patrimonio matrimonial pendiente de liquidación.

Hay que resolver ambas cuestiones por separado. La LEC establece un fuero general ligado al demandado y reglas especiales, algunas obligatorias; una cláusula contractual de sumisión no siempre es eficaz. Los derechos territoriales y los elementos internacionales exigen además determinar la ley aplicable según la materia y las conexiones correspondientes. La ciudad del abogado no elige el tribunal ni convierte por sí sola un asunto en Derecho común. En contratos o daños internacionales pueden intervenir Roma I o Roma II dentro de su ámbito.

Cuando existe una controversia admisible entre consumidor y empresario y un sometimiento arbitral aplicable. La adhesión de la empresa y las condiciones de la solicitud deben comprobarse. El arbitraje es voluntario al someterse, pero el laudo resulta vinculante y ejecutivo: no equivale a una mediación que termina sin decisión si no hay acuerdo. Quedan fuera, entre otros, intoxicación, lesiones, muerte e indicios racionales de delito y sus daños directamente derivados. Su gratuidad tiene salvedades y no cubre automáticamente cualquier profesional elegido privadamente.

Qué profesional asume el encargo, qué actuaciones incluye, cómo se calculan los honorarios y qué gastos pueden añadirse. Si hay una provisión, conviene concretar su destino y liquidación. Las costas son una cuestión distinta que decide el tribunal conforme a la ley: ganar no asegura recuperar toda la factura y perder no conduce siempre a idéntica condena. La conducta negociadora puede influir. También debe valorarse la eventual ejecución, porque una sentencia favorable no garantiza el cobro.

No toda designación de oficio supone gratuidad. El derecho a asistencia jurídica gratuita se reconoce conforme a los requisitos y prestaciones legales. Puede incluir orientación previa, defensa y representación y, en los términos del artículo 6.11, asistencia de abogado para un MASC de procedibilidad cuando el juicio posterior exija ese profesional o, sin exigirlo, la otra parte actúe con él. Esto no convierte en gratuito todo abogado particular, mediador o tercero neutral ni elimina la necesidad de comprobar el alcance del beneficio.