Abogados administrativos. Cuéntanos qué ha ocurrido.

Puede estudiar el expediente y la normativa aplicable, preparar solicitudes, alegaciones o recursos y valorar la defensa en un contencioso. También puede explicar si conviene pedir suspensión, qué prueba falta y qué costes implica continuar. El objetivo concreto puede ser responder a un requerimiento, cuestionar una sanción, revisar una ayuda o reclamar un daño, pero cada actuación necesita fundamento y un encargo definido.

No. Se pueden impugnar las resoluciones y los actos de trámite que, por ejemplo, deciden el fondo, impiden continuar o generan indefensión o perjuicio irreparable. Otros informes o actuaciones se cuestionan al recurrir la resolución final. Conviene identificar si has recibido un requerimiento para actuar, una propuesta o una decisión recurrible y no utilizar el mismo modelo de escrito para todos ellos.

En el régimen común, la alzada corresponde frente a actos recurribles que no ponen fin a la vía administrativa y la resuelve el superior jerárquico. La reposición es potestativa frente a actos que sí ponen fin y se dirige al mismo órgano. Frente a un acto expreso, ambas tienen un mes de interposición, pero la respuesta máxima es de tres meses en alzada y un mes en reposición. Elegir reposición impide acudir al contencioso hasta que se resuelva o se produzca su desestimación por silencio.

Solo si concurre alguna de sus causas tasadas, no por el mero desacuerdo con el acto ni porque se haya dejado pasar un recurso ordinario. El error de hecho que resulte de los documentos del expediente tiene un plazo de cuatro años desde la notificación. Las demás causas legales tienen tres meses desde el conocimiento de documentos esenciales o la firmeza de la sentencia que corresponda. Hay que distinguirla de la revisión de oficio por nulidad y de la rectificación de errores.

Se identifica la solicitud o procedimiento, su norma reguladora, el momento de inicio y el plazo máximo efectivo de respuesta. La regla general de estimación de solicitudes tiene excepciones importantes: en responsabilidad patrimonial, por ejemplo, el silencio es desestimatorio. En procedimientos iniciados de oficio desfavorables puede haber caducidad, que es otra cuestión. No basta con contar meses desde cualquier escrito ni con comprobar que no ha llegado un correo.

No debe aplicarse esa cifra automáticamente a una desestimación por silencio. La STC 52/2014, fundamento jurídico 5, explica que estos supuestos no están sujetos al plazo de caducidad del art. 46.1 LJCA. Es distinto de la regla de dos meses frente a un acto expreso que pone fin a la vía administrativa. Hay que vigilar cualquier resolución posterior y los demás requisitos o plazos de la acción: silencio negativo no significa que todo pueda dejarse indefinidamente sin revisar.

Cuando la notificación electrónica es obligatoria o ha sido elegida expresamente, se entiende rechazada después de diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a ella. El acceso previo determina la práctica de la notificación. El correo o SMS de aviso es distinto y su ausencia no invalida por sí sola una notificación legalmente practicada. Para revisar fechas hacen falta los justificantes de puesta a disposición, acceso o rechazo y el contenido completo.

Hay que identificar si el acto ya es ejecutivo, qué perjuicios puede provocar y qué regla permite suspenderlo. En la suspensión administrativa común se ponderan los intereses públicos y de terceros frente al daño del recurrente, y pueden exigirse garantías. Las sanciones no son ejecutivas mientras proceda recurso administrativo ordinario en el régimen común. Ya en el contencioso, el tribunal valora si ejecutar puede dejar el recurso sin finalidad y decide sobre las cautelares; presentar la petición no garantiza su concesión.

No existe ese requisito general por aplicación del régimen MASC civil de la LO 1/2025: el art. 3.2 excluye los asuntos en que una parte es una entidad del sector público. Eso no elimina los recursos o reclamaciones previas que exija la vía concreta ni impide estudiar acuerdos legales sobre materias disponibles. Los pactos administrativos y la terminación judicial por acuerdo tienen condiciones propias de competencia, autorización, legalidad e interés público.

Cuando los hechos y la prueba permiten sostener una responsabilidad patrimonial: un daño efectivo, individualizado y económicamente evaluable relacionado causalmente con el servicio, sin deber jurídico de soportarlo y con las demás condiciones legales. No basta con que una resolución haya sido anulada. La regla anual para reclamar tiene distintos puntos de partida; en daños físicos o psíquicos se cuenta desde la curación o la determinación de secuelas. La solicitud debe describir el daño, las fechas, la relación causal y la valoración si es posible.

No. En una ayuda se revisan sus bases, convocatoria, condiciones y causa de reintegro; devolver fondos e imponer una sanción no son necesariamente la misma decisión. En empleo público importan el tipo de relación y la materia: determinados litigios laborales o de prevención de riesgos pertenecen al orden social. Que firme un organismo público no basta para elegir el recurso o la jurisdicción; la normativa específica debe revisarse junto al acto.

El coste depende del trabajo encargado, la vía, la prueba y los profesionales que deban intervenir. Deben explicarse honorarios, posibles gastos, alcance del encargo y riesgo de costas, sin prometer recuperar todo aunque el recurso prospere. Puedes comprobar los requisitos de asistencia jurídica gratuita y las prestaciones aplicables; no toda gestión administrativa previa queda cubierta. Su solicitud tampoco paraliza sin más un expediente o proceso: la ley establece protecciones concretas que deben revisarse según el momento y el trámite.