Abogados inmobiliarios. Cuéntanos qué pasa con tu inmueble.

Una compra o venta, reserva o arras, documentación de titularidad y cargas, condiciones de entrega, incumplimientos y posibles defectos. También puede detectar cuestiones de comunidad, ocupación o uso que deban estudiarse. Alquileres, desahucios, hipotecas y urbanismo conservan su análisis específico, aunque todo esté relacionado con el mismo inmueble.

Sí. Antes de asumir el compromiso se pueden aclarar precio, pagos, anexos, financiación, cargas, entrega y consecuencias de no seguir adelante. Lleva la propuesta completa y las condiciones que hayas hablado. La revisión no consiste sólo en cambiar una cláusula: permite entender qué obligaciones nacerán y qué información falta.

No. Debe estudiarse la función pactada y el Derecho aplicable. El efecto de desistimiento del artículo 1454 del Código Civil común no se traslada automáticamente a cualquier señal o anticipo. En el régimen catalán, las arras penitenciales requieren pacto expreso. Además, desistir conforme al pacto y resolver por un incumplimiento son situaciones diferentes.

Primero hay que leer cómo se ha tratado la financiación. La denegación no libera automáticamente al comprador en toda venta. Si se aplica el artículo 621-49 catalán, se revisan la previsión de financiación, la entidad designada, la negativa documentada dentro del plazo pactado, la ausencia de pacto contrario y que no derive de negligencia del comprador. En los demás supuestos hay que estudiar su propio contrato y régimen, sin copiar esa solución.

No. La nota simple informa sobre la finca y los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad. Catastro recoge una descripción administrativa con datos físicos, económicos y jurídicos, sin desplazar los pronunciamientos jurídicos registrales. Conviene compararlos con escritura y realidad del inmueble. Una certificación registral tampoco es lo mismo que una nota simple informativa.

La existencia de hipoteca exige revisar la carga y cómo se articulará la operación. Deben aclararse el pago de la deuda, el título para cancelar registralmente y quién asume cada actuación. Si se plantea subrogación, hay que estudiar también la posición de la entidad acreedora. No basta un pacto entre comprador y vendedor para dar por aceptadas todas las condiciones bancarias.

Conserva contrato, prórrogas, justificantes de pago y comunicaciones. Hay que valorar qué obligación se incumple, con qué relevancia y qué remedios permite el régimen aplicable. Puede estudiarse cumplimiento, acuerdo o resolución cuando proceda, además de daños probados. Evita dar por cancelada la operación o dejar de cumplir sin conocer las consecuencias.

No necesariamente. Importan su origen, existencia al vender, relevancia, conocimiento y prueba. El saneamiento común contempla requisitos y exclusiones, mientras que otros derechos civiles y la LOE tienen reglas distintas. Puede necesitarse un informe técnico. También hay que valorar si el daño procede del edificio, de una instalación o de un uso posterior, sin atribuir responsabilidad por su apariencia.

No como regla general. La LOE distingue clases de daños y periodos en los que deben producirse, contados desde la recepción sin reservas o su subsanación. Los diez años se refieren a determinados daños estructurales que comprometen resistencia y estabilidad; no a cualquier desperfecto. La acción regulada en su artículo 18 tiene un plazo diferente, de dos años desde que se produzcan los daños, con los efectos legales que procedan y sin perjuicio de acciones contractuales.

Es una comprobación importante, pero interesa conocer también actas, obras y derramas aprobadas o pendientes de exigibilidad. Debe revisarse qué certifica el documento y el régimen aplicable. El reparto pactado en la venta no siempre coincide con quién responde frente a la comunidad. Renunciar a aportar el certificado tampoco elimina por sí solo la afección legal que pueda existir.

No siempre. Hay Derecho civil autonómico con reglas propias, y además cada acción tiene requisitos distintos. Deben identificarse la ley aplicable, el contrato, la fecha y el problema, sin deducirlo todo del lugar donde se busca abogado. También cambia la vía si se discute una venta, un alquiler, una hipoteca o una actuación urbanística.

Depende del trabajo: revisión previa, estudio de documentos, negociación o procedimiento. El abogado que acepte el encargo te explicará su identidad, las actuaciones, los honorarios, los posibles gastos de terceros y los riesgos de costas cuando procedan. No hace falta tener todo reunido para empezar: escribe al 620 367 008 y señala la operación, el problema y las fechas pendientes.