Diagnosticar riesgos
Identifica procesos sensibles: contratación, pagos, intermediarios, datos o relación con administraciones. Prioriza por exposición real.
Prevención y respuesta con responsables claros
Si tu empresa en Madrid necesita revisar controles, un canal interno o una alerta recibida, empieza por contar cómo está organizada. El abogado puede ayudarte a convertir documentos dispersos en un sistema aplicable.

Empecemos por lo que te preocupa
Del documento a la práctica
El alcance se define según la dimensión, actividad y exposición de la entidad. No todas las organizaciones necesitan las mismas medidas.
Identifica procesos sensibles: contratación, pagos, intermediarios, datos o relación con administraciones. Prioriza por exposición real.
Asigna responsables, autorizaciones y pruebas de ejecución. Un control imposible de cumplir suele acabar siendo una formalidad.
Comprueba la obligación legal y configura política, responsable, procedimiento y garantías. Instalar un buzón no equivale a implantar el sistema.
Estudia cómo preservar pruebas y encargar una investigación proporcionada, respetando derechos laborales, protección de datos y defensa.
El programa debe encajar con la empresa
La prevención penal, el canal de información y otras obligaciones sectoriales están relacionadas, pero no son exactamente lo mismo.
Se vincula cada riesgo a procesos concretos y se revisa cuando cambia la actividad o aparece un incidente.
Autorizaciones, separación de funciones y registro de operaciones deben permitir reconstruir quién decidió y con qué información.
La contratación de intermediarios o proveedores puede requerir comprobaciones y cláusulas específicas, según la operación y la exposición.
La Ley 2/2023 exige un sistema a las entidades incluidas en su ámbito. Deben verificarse las garantías del informante y de la persona afectada.
La plantilla necesita instrucciones comprensibles y canales útiles. La revisión periódica permite comprobar si lo aprobado realmente se utiliza.
Se delimitan facultades de investigación, conservación de evidencias y medidas correctoras. La reacción debe ser proporcionada, no una sanción automática.
Código Penal: responsabilidad de las personas jurídicas (abre otra pestaña)
Define qué encargo necesitas
La Autoridad Independiente de Protección del Informante explica los componentes del sistema interno; su ámbito se contrasta con la entidad y las autoridades territoriales competentes.
La AIPI diferencia canal, responsable, política y procedimiento. Esa estructura sirve para comprobar qué falta, no para presumir que un formulario estándar está implantado.
El órgano competente de la entidad debe adoptar las decisiones exigidas y facilitar medios. Externalizar tecnología o asesoramiento no borra esas obligaciones.
Revisar una alerta no equivale a asumir la defensa de todos los implicados. Ante conflictos de interés, puede ser necesario separar asesoramientos e investigación.
AIPI: Sistema Interno de Información (abre otra pestaña) Código Penal: artículo 31 bis (abre otra pestaña)
Prevenir también es poder demostrar
Un modelo no garantiza por sí solo una exención de responsabilidad. Su adecuación y funcionamiento efectivo son determinantes.
Plantilla, sector y naturaleza de la entidad influyen en las obligaciones. Evita aplicar el umbral de trabajadores como único criterio.
Se comprueba su designación, independencia y comunicación a la autoridad competente cuando proceda, además de los conflictos de interés.
Los plazos de gestión del sistema y las garantías no deben confundirse con una investigación sin límite. Sitúa fecha, canal y contenido recibido.
Guarda versiones aprobadas, formaciones, pruebas de revisión y decisiones. No deben fabricarse actas retroactivas para aparentar controles inexistentes.
A tu ritmo, con el siguiente paso claro
La conversación inicial sirve para comprobar si el asunto puede estudiarse y qué información falta. No sustituye la entrevista ni el asesoramiento del abogado que acepte el encargo.
La modalidad de atención y la disponibilidad del profesional se confirman antes de contratar.
Recibimos tu consulta, tu localidad y la fase en la que te encuentras. Con esa información comprobamos la disponibilidad de un abogado para estudiar el asunto.
Antes de contratar se identifica al profesional y se concretan el alcance, las fases, los honorarios y los posibles gastos. Podrás confirmar su colegiación en el Censo General de Letrados de la Abogacía Española.
El servicio jurídico lo presta bajo su responsabilidad el abogado colegiado que acepte el asunto.
Si el profesional puede ayudarte, te explica cómo avanzar; si no, te indicará qué información falta o qué alternativa procede.
Una revisión con base real
Empieza por explicar qué se quiere prevenir o qué obligación os han pedido acreditar.
Describe sociedades, sedes de actividad, responsables y operaciones sensibles. Añade la estructura del grupo si existe.
Aporta códigos, protocolos, autorizaciones y evidencias de uso. Señala los controles que no pueden cumplirse como están redactados.
Identifica responsable, procedimiento, proveedor tecnológico y reglas de acceso y conservación. No se presupone que el proveedor asuma las funciones legales.
Resume lo ocurrido, las medidas adoptadas y los cambios pendientes. Conserva la información original y el registro de decisiones.
Cada asunto, en su lugar
Un programa de cumplimiento y la defensa frente a una investigación necesitan alcances distintos.
Preguntas frecuentes
Respuestas para preparar tu consulta y decidir el siguiente paso.
Información general revisada el 24 de septiembre de 2026. La valoración jurídica de tu caso corresponde al abogado que lo estudie.
No. El sistema de información y el modelo de prevención penal son piezas distintas que deben coordinarse según los riesgos.
Su actuación debe respetar la independencia y autonomía previstas legalmente, además del procedimiento y las garantías.
No se debe presuponer. Si existen intereses enfrentados debe estudiarse una defensa separada.
No. Ningún certificado sustituye el análisis legal de los hechos y de la eficacia del modelo de organización y gestión.
Puede encargarse su gestión externa en los términos legales. Eso no elimina las responsabilidades de la entidad ni convierte al proveedor técnico en sustituto de todos los órganos del sistema.
Debe definirlo el procedimiento, con independencia, competencia y control de conflictos. La persona afectada mantiene sus derechos y garantías.
Sí, conviene revisarlo al cambiar actividades, estructura, operaciones o riesgos. También tras incidentes o controles que resulten ineficaces.
Se puede estudiar la organización del grupo, pero debe comprobarse qué admite la normativa y cómo se garantizan responsabilidades y acceso de cada entidad.
Debe distinguir diagnóstico, diseño, implantación, formación y mantenimiento. Una investigación interna o defensa penal requiere un alcance específico.
Sí. Una revisión de brechas permite priorizar cambios y aprovechar los controles válidos, sin rehacer documentos que ya funcionan.
Empezamos por escucharte
El portal recibe tu consulta inicial. Confirmaremos si hay un abogado disponible para valorarla. Antes de contratar conocerás al profesional, el alcance y las condiciones del encargo.
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El servicio jurídico lo presta el abogado colegiado que acepte tu asunto.